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20 de Abril de 2006
Jiménez dice que el botellón de
la Festividad de las Cruces "consolida a
Granada como la ciudad universal del botellón"
.
La Junta de Andalucía, a través
de su delegada del Gobierno en Granada, Teresa
Jiménez, exigió hoy al Ayuntamiento
de la capital que garantice el derecho a la Educación
de los mil alumnos de los institutos Fray Luis
de Granada y Generalife que por su cercanía
a la Huerta del Rasillo, lugar elegido por el
Consistorio para acoger el botellón de
la Festividad de las Cruces, podrían verse
afectados por el mismo.
En declaraciones a los periodistas, Jiménez
mostró su preocupación porque "este
nuevo botellón consolida a Granada como
la ciudad universal, mundial, nacional y andaluza
del botellón", al tiempo que consideró
que "el hecho de que Granada acuñe
la marca 'ciudad del botellón' no es una
buena imagen para la ciudad y no es el camino
que debiera tomar el Ayuntamiento".
Además, aseguró que la Junta de
Andalucía no va a poner "trabas"
en esta convocatoria nueva de botellón
y que colaborará con el Ayuntamiento "en
el marco de nuestras competencias como lo hicimos
en el botellón que se celebró en
el mes de marzo", manifestó la delegada,
que recalcó que en esta ocasión
se trata de un botellón que se va a celebrar
los días 2 y 3 de mayo, dos días
lectivos, por lo que "vamos a exigir al Ayuntamiento
que como organizador del botellón en la
Huerta del Rasillo garantice a los alumnos el
derecho a la Educación".
"Creemos que si el Ayuntamiento ha decidido
que se va a celebrar un botellón en la
Huerta del Rasillo en dos días lectivos
es el Ayuntamiento el que tiene que garantizar
que esos mil jóvenes van a poder asistir
con normalidad a sus clases y tener el derecho
constitucional a la Educación".
La Junta desestimará otra vía como
la jurídica para impedir que se celebre
el botellón en este lugar y no va a poner
"ninguna traba" si el Ayuntamiento garantiza
este derecho porque "para nosotros es prioritario
que esos mil alumnos puedan tener garantizado
con normalidad su asistencia a clase y que el
profesorado va a poder impartir sus clases con
normalidad".
Aseguró que esta posición no supone
un cambio de opinión de esta administración
después de que ayer la delegada de Educación,
Carmen García Raya, señalara que
estudiaría si hay base jurídica
para impedir la celebración del botellón.
Así, la delegada del Gobierno mantuvo
que ayer García Raya "expresó
su preocupación lógica porque un
derecho constitucional pudiera ser impedido por
la organización de un botellón,
pero creemos que esto puede salvarse por la vía
de la exigencia de que se pueda dar clase con
normalidad y no hace falta acudir a ninguna otra
vía siempre y cuando el Ayuntamiento garantice
que eso va a ser así".
Preguntada por si finalmente el Ayuntamiento
no lo garantizara, Jiménez afirmó
que en ese caso "analizaremos la situación
porque hay mil alumnos que tienen derecho a la
Educación en dos días lectivos",
concluyó.
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