| Granada, 20 de Julio
de 2005
El mercado negro de armas no sólo funciona
a gran escala entre países. Los delincuentes
comunes también necesitan pistolas y escopetas
para cometer sus actividades delictivas: atracos,
ajustes de cuentas y homicidios.
En Granada tenían un pequeño 'supermercado'
donde poder adquirirlas. La Guardia Civil ha desmantelado
un punto de venta de armamento repartido entre
dos pisos y un garaje de Churriana de la Vega
y Armilla. Disponían de un pequeño
almacén que suministraba material a delincuentes
de la provincia y del resto del Estado.
«El servicio de información de la
Guardia Civil de Granada nos puso sobre la pista
a finales del pasado año». El subdelegado
del Gobierno, Antonio Cruz, presentó ayer
los datos de esta operación que se ha prolongado
por espacio de más de seis meses, para
concluir el pasado 15 de julio con éxito.
Los dos detenidos regentaban este pequeño
'supermercado' que se nutría de armas robadas
y otras más adquiridas en el mercado negro.
Una de las pistolas incautadas pertenece al ejército
brasileño.
Los clientes tenían la posibilidad de
probar estas armas en las paredes de dos naves
colindantes al garaje registrado, donde los agentes
detectaron incrustaciones de bala en la pared.
La Guardia Civil asegura que esta práctica
se hacía en plena calle y en presencia
de niños.
En el garaje registrado, se encontraron con herramientas
y maquinaria para manipular armas. La explicación
facilitada ayer por expertos del Instituto Armado
apunta a que los arrestados manipulaban armas
inutilizadas para después venderlas. «Las
reparaciones realizadas consistían en rehabilitar
aquellas que estaban inutilizadas o adaptarlas
contándole los cañones y culata
para su posterior utilización por parte
de los compradores».
Conseguida la pertinente autorización
judicial, la Guardia Civil articuló un
amplio dispositivo apoyado por la policía
judicial, el servicio de intervención rápida,
personal del puesto de Armilla e incluso perros
guía.
Uno de los detenidos intentó huir portando
un pistola cargada cuando los agentes irrumpieron
en uno de los domicilios registrados. Su huida
fue frustrada en pocos minutos. Los dos detenidos,
F. R. R. de 47 años y V. R. R., son hermanos
gemelos con residencia en Churriana de la Vega.
Según dijo Cruz, ambos tienen antecedentes
penales.
Incautaciones
La Guardia Civil se incautó de más
de una docena de armas de fuego, así como
de catanas, machetes y navajas, tras el registro
efectuado en el garaje y los dos pisos donde convivían
los detenidos. «Ahora estamos comprobando
si las armas incautadas han sido utilizadas en
algún momento para cometer delitos».
Antonio Cruz considera desmantelada esta red
en su totalidad y además la exitosa operación
sirve parta «debilitar a la delincuencia
dedicada a este fin». Los dos arrestados
han sido puestos a disposición judicial.
PSOE afirma que el dictamen de la Comisión
de Videovigilancia demuestra que existe responsabilidad
política
Granada, 19 de Julio de 2005
El portavoz del grupo municipal del Ayuntamiento
de Granada, José María Rueda, se
mostró hoy "satisfecho" ante
el dictamen de la Comisión de Videovigilancia
que declaró ilegal la grabación
del pleno del 24 de junio por parte de un policía
local de paisano, al tiempo que señaló
que este informe "demuestra que existe responsabilidad
política".
En conferencia de prensa, Rueda señaló
que la resolución de la Comisión
de Videovigilancia "no hace más que
darnos la razón en algo que era muy evidente:
este tipo de actuaciones no se pueden hacer sin
los correspondientes permisos o autorizaciones".
Así, indicó que en dicha grabación
"hay dos momentos, un primer momento en el
que estamos dispuestos a asumir que la responsabilidad
exclusiva era del jefe de policía, pero
un segundo momento en que tanto el alcalde como
Balderas conocen de la grabación y no la
detienen con la premura con la que tenían
que haberlo hecho".
Es por ello que reiteró la petición
de responsabilidad política al alcalde
de Granada, José Torres Hurtado, y al concejal
de Seguridad Ciudadana, José Antonio Balderas,
porque "el alcalde no se puede seguir parapetando
en un funcionario y tiene que adoptar algún
tipo de resolución que dé satisfacción
a un cumplimiento de responsabilidad política",
sostuvo Rueda.
"El dictamen de la comisión demuestra
que ha habido responsabilidad política
por acción o por omisión porque
si el alcalde y Balderas sabían que se
estaba realizando una grabación tenían
que haber actuado y si no lo sabían peor
porque significa que las decisiones políticas
no las toman ellos", manifestó el
portavoz socialista.
Asimismo, Rueda informó que no van a cejar
en pedir responsabilidades políticas "que
hasta ahora con bastante habilidad han sabido
sortear Torres Hurtado y Balderas", señaló.
La Comisión de Garantías de la
Videovigilancia de Andalucía dictaminó
que la grabación del pleno se realizó
"sin concurrir los presupuestos legalmente
necesarios, ni observar el procedimiento legalmente
establecido en la Ley Orgánica 4/1997"
por lo que se da traslado del informe al Ministerio
Fiscal.
El informe señala que la grabación
del pleno se realizó sin que hubiera un
"peligro concreto ni urgencia" para
la misma, según se establece en la Ley
Orgánica 4/ 1997 de 4 de agosto que regula
la utilización de cámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares
públicos.
Informacion obtenida de Europa Press
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