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23 Marzo de 2005
Manuel Jiménez Sánchez (Granada,
1970) es Doctor en Ciencias Políticas por
la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja
como investigador doctor del Instituto de Estudios
Sociales de Andalucía (IESA) del CSIC,
en Córdoba.
specializado en estudio de los conflictos relacionados
con el medio ambiente y la evolución de
la política ambiental. Cree que España
es un claro ejemplo de cómo no se puede
entender la evolución de una política
pública, la del agua en este caso, sin
la movilización social.
Para el investigador granadino, el agua es una
de las pocas cuestiones ambientales que ha marcado
la agenda electoral de los partidos políticos
en las últimas elecciones generales.
P: La gestión del agua… ¿Es
solo cuestión de que llueva o no llueva?
R: No. Las sequías son cíclicas
y constituyen un elemento más a la hora
de gestionar el agua. La principal consideración
que debería tener en cuenta la política
del agua es gestionar la oferta, es decir, realizar
un consumo racional y eficiente, teniendo en cuenta
que estamos hablando de un recurso natural renovable
pero limitado en el tiempo.
P: Agua para beber, agua para regar, Agua como
motor económico para parte de la industria
del ocio y el turismo… Valores distintos
de un mismo bien e intereses a veces en conflicto
¿quién debe poner orden y qué
tal lo hace?
R: Como todas las políticas medioambientales,
la del agua debe ser transversal, es decir: debe
ser tenida en consideración por otras políticas
como la agrícola, la de desarrollo turístico,
etc.
En el caso de la planificación de regadíos
parece que empieza a ser así. A la hora
de establecerlos se tiene en cuenta su viabilidad
económica, la disponibilidad de agua y
se establece un precio realista del recurso.
El desarrollo turístico aún sigue
considerando el agua como un recurso disponible
y barato. Este modelo en nuestro litoral debe
cambiar radicalmente si queremos que sea ambientalmente
sostenible.
P: Se dice que en una guerra la primera víctima
es la verdad ¿qué grandes mentiras
ha habido tras las guerras del agua?
Falta información como paso previo a la
concienciación. Es necesario conocer mejor
qué agua se consume antes de establecer
estimaciones sobre futuros escenarios de demanda.
Los partidos políticos han contribuido
poco a difundir una información sobre el
agua que ayude a percibirla como un bien público
de todos (incluidas las próximas generaciones)
y no sólo como un recurso económico.
P: Hablemos de la evolución histórica
de la política del agua en España
y Andalucía ¿qué errores
se han cometido y qué se ha aprendido de
ellos?
R: Ha cambiado bastante, especialmente en el
discurso. Ahora no se puede hablar del agua sin
plantear cuestiones de racionalidad económica
(su precio) o su valor ambiental. ¿Errores
que se mantienen? seguir un modelo agotado (basado
en la obra hidráulica), pensar que la gestión
es una cuestión técnica (hay que
democratizar la política de manera que
todos los afectados participen en el proceso de
toma de decisiones y se reduzca el nivel de conflicto)
y obviar la variable ambiental, entre otros.
P: Comienza la década del agua establecida
por la ONU. ¿Cuál es el gran reto
para estos próximos 10 años en España
y Andalucía?
R: Alcanzar un desarrollo sostenible, trabajando
en múltiples direcciones. Por ejemplo mejorar
la calidad de las aguas continentales: la contaminación
de nuestros ríos, como consecuencia, entre
otras, de la actividad agrícola, es una
bomba de relojería que debemos desactivar
antes de que afecte seriamente la calidad del
agua que consumimos.
También recuperar usos no económicos
del agua: pensando de nuevo en nuestros ríos,
se trata de poner en valor, no sólo la
función ecológica fundamenta de
los ríos, sino también no sólo
el valor ecológico, sino también
cultural, recreo, paisajístico, etc. Los
ríos no son meras canalizaciones de agua,
sino que también poseen un valor patrimonial,
cultural, social, etc...
P: En España, para muchos, la política
hidrológica ha sido una cuestión
de pantanos o más recientemente una serie
de propuestas de trasvases que enfrentan regiones
y polarizan posiciones en los partidos ¿Qué
más hay?
R: La política basada en la demanda dominante
hasta ahora, se centraba en ofrecer agua sin tener
en cuenta criterios ambientales y de eficiencia
económica.
El agua se percibe como un recurso económico
infinito: el “agua domesticada como imagen
de desarrollo”. El resultado de este modelo
es que España es una de los países
del mundo con más pantanos, donde apenas
quedan cursos de agua naturales.
Esa percepción ha cambiado en los últimos
años. Ahora el agua se concibe como un
recurso económico limitado, que hay que
racionalizar.
Vamos hacia un modelo de gestión de la
demanda con criterios económicos que podemos
sintetizar en ideas como “quien utiliza
el recurso paga” o minimizar el impacto
ambiental (las obras son un impacto necesario
cuyas consecuencias negativas hay que prever y
minimizar).
Desde esta perspectiva, la decisión de
no realizar el trasvase del Ebro se fundamentaría
en la existencia de alternativas para satisfacer
la demanda (creciente) de agua económicamente
más racional (a un coste inferior para
los usuarios) y con un menor impacto ambiental:
el impacto ambiental de las desaladoras sería
inferior que el del trasvase y las infraestructuras
asociadas al mismo.
Falta dar un paso más y plantear seriamente
la oferta: ninguna política del agua puede
satisfacer las demandas crecientes de agua. Hay
que plantear seriamente políticas de ahorro,
en el hogar, y especialmente en la agricultura
(consumidora del 80% del agua), y en el desarrollo
urbanístico del litoral.
P: Le voy a pedir un esfuerzo de simplificación.
Dígame lo mejor y lo peor de la política
del agua en Andalucía y pida un deseo en
este Día Mundial del Agua.
R: Lo peor: el estado de nuestros ríos.
Lo mejor: la voluntad de la administración
de hacer avanzar la nueva cultural del agua de
la que espero que (y este es mi deseo) la nueva
agencia del agua andaluza sea un motor eficaz.
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