| Granada, 18 de Octubre
de 2005
La Audiencia provincial de Granada resolvió
reducir a 4,8 millones de euros la indemnización
de 5,6 millones contemplada en la sentencia dictada
en diciembre de 2004 por el Juzgado de lo Penal
3 de Granada condenando a tres años y tres
meses de prisión, multa de 28,4 millones
de euros e indemnización para la Hacienda
Pública de 5,6 millones a ocho de los diez
acusados de fraude fiscal por la empresa 'Hidrocarburos
Andaluces' de Albolote (Granada) en la ventamasiva
de gasóleo durante 1996.
Según informaron a los medios de prensa
fuentes del caso, la Audiencia desestimó
el recurso interpuesto por la Abogacía
del Estado que "interesó la condena
de la institución bancaria, así
como traer el procedimiento a otras empresas que
fueron absueltas".
En este sentido, la sentencia sólo modifica
a la dictada por el Juzgado de lo Penal 3 en la
cuantía de la indemnización que
reduce en unos 800.000 euros, tras el recurso
de apelación interpuesto por las representaciones
de los acusados.
Los ocho acusados, entre los que se encuentra
un abogado como presunto "cerebro" de
la trama, fueron condenados en diciembre por un
delito continuado de falsedad en documento mercantil
en concurso con otro delito contra la Hacienda
Pública, aunque con la atenuante de dilaciones
indebidas, planteada por las Defensas después
de ocho años de procedimiento.
Así, el juez de lo Penal rechazó
una a una las numerosas peticiones de nulidad
planteadas por las defensas y declaró probado
que la empresa eludió el pago de los impuestos
que gravan los combustibles, después de
vender entre marzo y abril de 1996 más
de 19 millones de litros de gasóleo a precio
muy inferior al mercado "en una frenética
actividad comercial", tras lo cual sus responsables
intentaron vender la empresa a un hombre moribundo,
una "persona de paja", para "ocultar
el delito".
La compañía, que desde su creación
en 1993 y hasta enero de 1996 acumuló 64
millones de pesetas en pérdidas, cambió
"radicalmente" su política empresarial,
hasta tal punto de "tirar los precios del
mercado" estableciendo el litro a 12 pesetas,
todo ello con facturaciones entregadas a nombre
de empresas "interpuestas, carentes de verdadera
actividad". En abril de 1996 la cuota tributaria
global no ingresada en la Agencia Tributaria alcanzaba
ya los 947 millones de pesetas.
Sin embargo, el juez también recrimina
a la Hacienda Pública "la falta de
controles y el no haber actuado con más
diligencia" para atajar este tipo de fraude.
El caso empezó a investigarse en 1996 y
tras ocho años llegó a los juzgados
granadinos --las pruebas documentales llegaron
a ocupar una habitación--, después
de que la Audiencia Nacional se inhibiera en diciembre
de 2002 de la competencia de juzgarlo.
El juicio comenzó después de varios
aplazamientos el 9 de noviembre de 2004 con 20
acusados, aunque tras un acuerdo entre las partes,
el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado retiraron
los cargos que mantenían contra la mitad
de ellos al considerar que no participaron en
la trama defraudatoria, al igual que E.R.C. y
J.B.G., los dos únicos absueltos.
Informacion obtenida de GRANADA
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