| Granada, 27 de Octubre
de 2005
El titular del Juzgado de Instrucción
número 6 de Granada, Miguel Angel del Arco,
mantiene la imputación del gerente de Urbanismo
del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente Sánchez-Palencia,
por el 'caso Gomérez', en el que perdió
la vida un trabajador ecuatoriano el pasado 21
de diciembre, tras "no acceder" a la
petición de reforma del recurso contra
la providencia de imputación presentado
por el letrado de Lorente.
Según el auto, al que tuvo acceso hoy
los medios de prensa, el juez instructor del caso
estima que, en base al delito contra la salud
de los trabajadores, a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, resultado de muerte producido
en accidente laboral, a la documentación
obrante en las actuaciones, a las alegaciones
de la acusación pública y particular,
"es preciso mantener la imputación
que en su día solicitó el Ministerio
Fiscal, que se acordó por este instructor
porque hay indicios de delito". Por eso,
continúa, hay que esperar el resultado
de la instrucción, escritos de acusación
en su caso y auto de apertura de juicio oral.
El fiscal solicitó la imputación
de Manuel Lorente Sánchez por un delito
contra la seguridad en el trabajo y un delito
de homicidio imprudente dada "la gravedad
de las infracciones cometidas y el incumplimiento
de obligaciones legales esenciales" en el
control de la obra.
En este sentido, el Ministerio Público
entendió que el gerente de Urbanismo permitió
la omisión por parte de la coordinadora
de Seguridad del informe técnico previo
en relación a las medidas para hacer frente
a los riesgos, a que se refiere el documento municipal
de seguridad y salud, el cual forma parte del
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Así, "particularmente grave"
es, según la Fiscalía, la inexistencia
del preceptivo Plan de Seguridad, instrumento
indispensable conforme a lo establecido legalmente
que debiera haber sido elaborado por la contratista
y aprobado por la Coordinadora de Seguridad y,
que en este caso, al tratarse de una obra de la
Administración Pública "debería
necesariamente haber sido elevado a la aprobación
del Ayuntamiento".
También consta en la solicitud de imputación
el incumplimiento por los responsables del Ayuntamiento
de la obligación de suministrar ala empresa
contratista la información sobre riesgos
propios del centro de trabajo, prevención
de los mismos y medidas de seguridad. Constan
además denuncias presentadas en el Ayuntamiento
por particulares ante las circunstancias de falta
de seguridad y peligro en que se estaba ejecutando
el derribo.
En el proceso de instrucción ha quedado
acreditado, según Del Arco, que Lorente
conocía "perfectamente", aún
cuando no hubiera habido una notificación
formal, el hecho de que la demolición no
la llevaba a cabo la empresa adjudicataria, así
como la serie de subcontratas realizadas y todas
las incidencias relativas a la obra, puesto que
todas las certificaciones estaban firmadas por
él, entre otras personas.
Informacion obtenida de GRANADA
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